El Gobierno Argentino y el Open Data

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16 febrero

El Gobierno Argentino y el Open Data

El 13 de enero de 2016 se publicó en el Boletín Oficial el Decreto Nacional 117/2016, decretado el día anterior a su publicación. El mismo se titula “Plan de Apertura de Datos”, cuyo contenido versa sobre un comienzo de regulación al acceso a la información pública. El mismo fue suscrito por el Presidente de la Nación, Mauricio Macri, el Jefe de Gabinete, Marcos Peña y por el Ministro de Modernización, Andrés Ibarra.

Ya desde los considerandos es una norma superadora de la anterior, es decir, el Decreto 1172/2003 –Acceso a la Información Pública–. Es superadora en tanto ya no refiere solamente a los artículos 33, 41, 42 y 75 inc. 22 de la Constitución sino también a normativas internacionales específicas que regulan la materia como un derecho ciudadano a buscar y recibir información.

Específicamente refieren también los considerandos a la resolución 59 de la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas en cuanto a que “la libertad de información es un derecho humano fundamental”.

A su vez, el Decreto 117/16 no deja de lado que Argentina es Miembro de la Alianza para el Gobierno Abierto desde 2012, lo cual impone obligaciones aún mayores en cuanto a transparencia, colaboración y participación internacional. A estos fines, el Gobierno ha presentado dos planes de acción con compromisos concretos para garantizar tales principios.

Este raconto de los considerandos, aunque pueda parecer extenso, es fundamental a la luz de una incipiente comparación de ambas normas. El Decr. 117/16 tutela de una forma diferente el derecho al acceso a la información pública, puesto que la concepción de la misma es distinta.

Es cierto que uno puede considerar que en un primer análisis, ambas normas limitan su ámbito de aplicación al Poder Ejecutivo Nacional –incluyendo dentro a los Ministerios, Secretarias, organismos desconcentrados y descentralizados dependientes del PEN–, dejando fuera a los otros dos poderes.

Pero en un segundo nivel de análisis, aún sin ahondar mucho, se denota la diferente concepción mentada. Así, mientras el Decr. 1172/03 establecía que la información se brinde a quien la requiera, sea persona física o jurídica, la nueva norma exige que los datos sean publicados y de fácil acceso al público, utilizando todas las tecnologías que hagan viable este requerimiento legal.

En este sentido, se garantiza de una forma mucho más eficiente este doble estándar, por un lado el derecho a la información del que es titular toda la población y, por el otro, la obligación del Estado de rendir cuentas, como administrador de la cosa pública.

Otro dato interesante del Decreto 117/16 es que exhorta a los organismos comprendidos a que elaboren ellos mismos un plan de publicación de datos, fijando un plazo máximo para hacerlo. En efecto, cada Ministerio, Secretaria u organismo tienen diferentes tipos de información sensible, los cuales deben ser tratados conforme requiera la magnitud de la misma. Así, resulta acertada la elaboración de planes “personalizados” de acceso a la información pública.

Así, el artículo 1°, segundo párrafo, enfatiza que la publicación del plan de apertura de datos de cada organismo “sólo será limitada cuando así lo dispongan normas específicas de aplicación o por razones fundadas en oportunidad, mérito y conveniencia, a juicio de la Autoridad de Aplicación” (el resaltado es propio), que a la postre es el Ministerio de Modernización.

En este mismo marco que venimos mencionando, en un plazo no mayor a 90 días desde la entrada en vigencia de este Decreto, deberán arbitrarse los medios necesarios para publicar y mantener actualizada cierta información, a saber: la estructura orgánica del PEN, con su nómina de Autoridades Superiores; la Declaración Jurada Patrimonial Integral de carácter público que corresponda a cada autoridad; la nómina del personal contratado vigente y los escalafones y escalas salariales aplicables a cada régimen de empleo público; los créditos presupuestarios; las contrataciones que tramiten en el sistema Electrónico de Contrataciones Públicas; las Solicitudes de Acceso a la Información recibidas en virtud del Reglamento de Acceso a la Información Pública; y, por último, las Audiencias de Gestión de Intereses, según consten en el Registro único de audiencias de Gestión de Intereses del PEN.

Es decir, lo que hemos visto y leído en diversos medios durante estos últimos dos días es cierto, se obliga a la publicación y actualización de las Declaraciones Juradas y las escalas salariales. Pero es mucho más que eso también, se podrá acceder a todo lo mencionado en el párrafo anterior, como por ejemplo, a las contrataciones vigentes. Ello, sin duda, garantiza de un modo novedoso la libertad de información.

Sin embargo, no todo lo que brilla es oro. En este sentido, no puede dejar de observarse que la norma es limitada. Sin dudas, ello puede revertirse en el momento en que los distintos organismos, Ministerios y Secretarias elaboren sus planes de acceso a la información, pero de momento no hay en el Decreto mucho más de lo hasta aquí mencionado, con lo cual deja abiertos muchos interrogantes.

También sería importante que estas obligaciones del Estado y derechos de los ciudadanos puedan extenderse al Poder Judicial y al Poder Legislativo, promoviendo sin límites el acceso a la información pública.

federico
federico
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